Ante el próximo tratamiento en el Congreso del anteproyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de cambios que ya había planteado al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo.

El pedido se produce en un contexto marcado por el incremento de embargos y multas aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), situación que, según la entidad empresaria, podría corregirse mediante modificaciones al texto que actualmente analiza el Poder Legislativo.

El planteo de la cámara empresaria se conoce en medio de la investigación por el incremento patrimonial del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el pedido para ingresar al régimen de Inocencia Fiscal. 

Entre las principales propuestas elevadas por CAME figura la reducción de multas. La entidad plantea que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” previsto por ARCA y que, en caso de regularización dentro de los 15 días posteriores a esa instancia, la multa se reduzca en un 50%. La sanción plena, sostiene, debería aplicarse únicamente cuando el contribuyente no cumpla una vez vencido ese plazo.

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Otro de los puntos centrales es la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares para el sector pyme, incluidos los embargos, con el objetivo de aliviar la presión sobre las empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la entidad propuso la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. La iniciativa alcanzaría tanto a las deudas vencidas al 31 de mayo como a planes de pago vigentes y caducos.

Desde CAME señalaron que el planteo se realiza en un escenario de consumo deprimido y mencionaron también la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según la entidad, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos.

“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, expresó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

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La entidad consideró indispensable que la Cámara alta atienda la solicitud para promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar su desarrollo en el actual contexto económico.